Sobre el carácter “obediente y no deliberante” del Ejército de Nicaragua

Opinión

Por José-Zamyr Vega Gutiérrez*

 

  1. i. El escenario: parapolicias como “gendarmes” de la democracia

 

A pesar de que el pueblo nicaragüense todavía no se recupera de la tragedia ocasionada por la torpe gestión gubernamental de la crisis socio-política, siguen apareciendo los grupos parapoliciales que –en nombre de la autoridad o de la mano de esta– imponen el terror y asumen funciones que sólo están encomendadas a la Policía o, en su caso, al Ejército. En efecto, los miembros de estas hordas realizan detenciones, disuelven manifestaciones pacíficas, intimidan a la población y utilizan armas de alto calibre para lograr su aparente cometido: la defensa de la institucionalidad y la democracia. ¡Vaya paradoja: un grupo ilegal defendiendo la legalidad!

 

Mientras tanto, el ejecutivo y los altos mandos del Ejército se aferran al carácter “obediente y no deliberante” de las fuerzas armadas para justificar su pasividad frente a la actuación impune de estos grupos criminales y, por si fuera poco, algunos fiscales se jactan de actuar con objetividad al redactar diligentemente acusaciones sólo contra los supuestos terroristas de los tranques, pero no contra los miembros de los grupos parapoliciales que han causado muertes, daños y graves lesiones a la ciudadanía. Es de suponer que esto es así porque habrán asumido la tesis oficial de que se trata de policías voluntarios, afirmación que –como veremos– tampoco legitima la actuación violenta de tales grupos sobre la población desarmada.

 

En este escenario, surge el debate respecto de si legalmente el Ejército está obligado o no a intervenir para desarticular los grupos parapoliciales. Al respecto, quienes se han pronunciado sobre esta cuestión están de acuerdo en la ilegalidad de las fuerzas de choque y en la necesidad de disolverlos; sin embargo, las posiciones se dividen cuando se analiza la naturaleza y carácter de las fuerzas militares nicaragüenses. Así, por un lado, algunos especialistas en temas militares afirman que el carácter “no deliberante” del Ejército impide su intervención motu proprio en el conflicto que ha causado más de trescientas víctimas mortales y, por otro lado, hay quienes invocando justamente el carácter apartidista y no deliberante del Ejército exigen su intervención de conformidad con la Constitución y las leyes de la materia. Entonces, la cuestión a resolver es si el carácter “obediente y no deliberante” de las fuerzas castrenses impide, sin más, que dicho cuerpo militar pueda ejecutar –con o sin órdenes expresas del Presidente de la República– acciones en el marco de la Constitución Política y de las leyes. La tarea no es sencilla, entre otras razones, porque en este breve espacio no es posible explayarse en los distintos argumentos que –a nuestro juicio– avalan la tesis de la obligada intervención del Ejército en esta grave crisis. Por tanto, sin perjuicio de la futura publicación de un trabajo más exhaustivo sobre el tema, intentaré esbozar algunas consideraciones.

  1. No deber de obediencia a órdenes ilícitas 
  1. En primer lugar, debemos tener en cuenta el marco legal del cuerpo militar nicaragüense. Así, al referirse a la naturaleza y carácter del Ejército de Nicaragua, el art. 93 de la Constitución Política señala que el mismo “es una institución nacional, de carácter profesional, apartidista, apolítica, obediente y no deliberante” y, además, la ley prescribe que el Ejército “estará sometido a la autoridad civil que será ejercida directamente por el Presidente de la República en su carácter de Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua” (art. 95 Cn). Al respecto, conviene tener en cuenta –de cara al posterior análisis del contenido de estas disposiciones– que el antecedente inmediato del dogma de la subordinación de las Fuerzas Armadas al Poder civil se encuentra en la teoría de la división de poderes de Montesquieu, a partir de la cual dicho dogma se incorpora en el proceso constitucional francés y se extiende con el tiempo a otros países, que asumieron como normas esenciales las siguientes, a saber: a) que las Fuerzas Armadas deben estar subordinadas y prestar obediencia al Poder civil, siendo el Jefe de Estado el Jefe Supremo de los cuerpos militares y, b) que las Fuerzas Armadas deben ser un cuerpo no deliberante y apolítico.
  1. De igual manera, desde el punto de vista constitucional también se indica que la actuación del Ejército se regirá por la Constitución Política –a la que guardará respeto y obediencia– y que en Nicaragua no pueden existir más cuerpos armados que los establecidos en la Constitución (art. 95 Cn). Las disposiciones antes citadas han sido invocadas por quienes defienden la legítima intervención del cuerpo militar contra los grupos parapoliciales; no obstante, hay quienes –pese a su posición crítica frente a lo que denominan “silencio cómplice” del Ejército– sostienen que hay una restricción constitucional para que el mismo pueda actuar por iniciativa propia, lo que a juicio del Sr. Cajina se deduce del art. 92 párr. 2º Cn que recoge el carácter excepcional de la intervención del Ejército en apoyo de la Policía Nacional, previa orden del Presidente, cuando la estabilidad de la República estuviere seriamente amenazada por “grandes desórdenes internos, calamidades o desastres naturales”.

Así, a partir de esta disposición, el citado autor llega a la conclusión de que, aunque es indudable que Nicaragua se encuentra en una situación excepcional, dejando entrever así que la intervención del Ejército estaría legalmente justificada, la ausencia de una orden expresa del Presidente impide la intervención militar contra los grupos parapoliciales. En definitiva, al igual que el Comandante J. Wheelock y en contra de lo sugerido por el Comandante L. Carrión, el Sr. Cajina sostiene que el Ejército no puede “actuar de oficio, es decir, por su cuenta”, y añade que “constitucionalmente no está obligado a hacerlo”. El análisis de esta última afirmación es, a nuestro juicio, la piedra angular para solucionar el debate, ya que –como hemos mencionado supra– la ley también señala que la actuación del Ejército se rige por la Constitución, a la que debe respeto y obediencia, por lo que –desde esta perspectiva– puede plantearse una colisión de deberes, esto es, el deber de respetar la autoridad del Presidente vs. el deber de defender la seguridad interior de la nación.

En este escenario, el Sr. Cajina se decanta por la sujeción del Ejército a la autoridad del Presidente, sin cuya orden la institución castrense no puede –a su juicio– intervenir en el conflicto; sin embargo, consideramos que en una situación como la que atraviesa Nicaragua, con hordas delictivas campando a sus anchas y provocando el terror, el respeto a la autoridad del Presidente como Jefe Supremo del Ejército cede ante el deber del cuerpo militar de resguardar la seguridad interior y lo que de ella se deriva, pues admitir lo contrario implicaría llegar a resultados insatisfactorios cuando, por ejemplo, frente a una grave epidemia o un terremoto de gran magnitud el Ejército no interviene porque –por las razones que sean– el Presidente no ha emitido una orden expresa en ese sentido.

Hay que destacar que, en una entrevista concedida a la Revista Envío, el Sr. Cajina plantea otras razones –no estrictamente jurídicas, sino de conveniencia, oportunidad y eficacia– para negar la intervención de las Fuerzas Armadas en el conflicto, a saber: a) que al desarmar a los parapolicias también tendría que desarmar a la policía que actúa en contubernio con estos, b) que al desmantelar a estas fuerzas de choque, el Ejército asumiría el poder político, habida cuenta de que en ese escenario el régimen quedaría desarmado y sin poder, c) que la democracia estaría sometida a la voluntad de los militares. Por tanto, sobre la base de las anteriores consideraciones, el citado autor sostiene que el camino a seguir por el Ejército es “condenar la represión criminal, pero sin intervenir en la solución de la crisis”, lo que les aseguraría el reconocimiento del pueblo nicaragüense y la recuperación del monopolio de la fuerza. A nuestro juicio, que el pueblo de Nicaragua se conforme con una actitud neutral del Ejército es más que dudoso, máxime porque –como hemos mencionado– nuestro país se enfrenta a una situación en la que la intervención del Ejército, para garantizar la estabilidad y seguridad nacional, es preceptiva de conformidad con la Constitución y las leyes.

  1. Siguiendo mi línea argumentativa, también es posible recurrir a otra categoría que justificaría la intervención del Ejército en el conflicto, esto es, el no deber (o ausencia de deber) de obediencia a órdenes –expresas o tácitas– ostensiblemente ilícitas. Así, como hemos señalado en otros trabajos, la obediencia debida se presenta cuando existe un deber de obediencia a órdenes obligatorias. Al respecto, hay que tener en cuenta que en la obediencia debida la orden o mandato emana de la ley, pero se transmite al inferior jerárquico a través de un intermediario, sea una autoridad o un superior jerárquico, que en nuestro caso sería el Presidente de la República.

Hasta aquí se pone en evidencia que la tesis de la no intervención del Ejército para desarmar a los grupos parapoliciales es defendida en virtud de dos argumentos –distintos, aunque íntimamente relacionados–; así, por un lado, se alude al carácter “no deliberante” del Ejército y, por otro lado, se invoca la excepcionalidad de la intervención militar –previa autorización del Presidente– en el ámbito de la seguridad interior. En este sentido, pues, en el punto anterior hemos replicado este segundo argumento, por lo que en lo sucesivo centraremos nuestros esfuerzos en desmontar la tesis de que el carácter “obediente y no deliberante” del Ejército impide su actuación contra los grupos parapoliciales.

iii. Obediencia a la institucionalidad, no obediencia política

  1. En consonancia con las disposiciones constitucionales, el art. 1 del Código de organización, jurisdicción y previsión social militar utiliza idéntica fórmula para referirse a la naturaleza y carácter del Ejército, esto es, que dicha institución “es indivisible y tiene carácter nacional, patriótico, apartidista, apolítico, profesional, obediente y no deliberante”. De esta forma, es notable la similitud de dicha formulación con las legislaciones militares, vigentes o no, de otros países latinoamericanos, como es el caso de Bolivia, Chile, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Honduras, Perú, República Dominicana o Venezuela, países en los que –en mayor o menor medida– la doctrina civil y militar se ha pronunciado sobre el alcance de la expresión “no deliberante” y las consecuencias que se derivan de dicho término.
  2. En el caso del Perú, por ejemplo, donde las Fuerzas Armadas se han convertido en los principales actores políticos en distintos momentos de la historia, los legisladores han incorporado –para evitar nuevas intervenciones militares en la conducción del país– la cláusula constitucional que declara el carácter “no deliberante” de las Fuerzas Armadas (art. 169); no obstante, la polémica se presenta cuando se intenta determinar el alcance de dicha expresión. Así, para un sector esta cláusula implica que el Ejército tiene prohibido intervenir y pronunciarse sobre temas políticos, pero que tal interdicción no impide que este actúe frente a cualquier situación vinculada a la defensa y la seguridad nacional. Otro sector minoritario, en cambio, sostiene que el carácter no deliberante supone una absoluta prohibición para que el Ejército emita pronunciamiento sobre cualquier materia, incluso de su competencia, por lo que –desde esta perspectiva– se adopta un modelo militar sumiso u obediente: “un militar acata las órdenes sin dudas ni murmuraciones”, “la Fuerza Armada no tiene opinión”, “el Ejército opina lo mismo que el superior jerárquico”, son algunas de las expresiones emitidas por los defensores de esta segunda tesis que, por cierto, coinciden con las de algún jurista francés en sus comentarios a la regulación constitucional del Ejército de 1875.

En efecto, algún autor ha señalado que Duguit calificaba al Ejército como una “fuerza material inconsciente” al servicio del Gobierno, lo que a su juicio excluía la posibilidad de que los altos mandos de la Fuerzas Armadas se pudieran rehusar a obedecer las órdenes del Gobierno, pues en ese caso faltarían al primero de sus deberes militares: la obediencia; en consecuencia, no le competía al Jefe del Ejército apreciar si las órdenes emitidas eran o no conforme a la ley. Y así, Duguit identificaba al Ejército con una máquina inconsciente que el Gobierno podía poner en movimiento con sólo “apretar un botón eléctrico”. Otros, partiendo del carácter apolítico del Ejército, llegaron a calificarlo como “coloso inmóvil y mudo”. Lo anterior es una muestra de la visión que se tenía de las Fuerzas Armadas en el s. XIX y que, desde luego, no refleja la concepción moderna del mismo en torno a su naturaleza y sus funciones.

  1. A este respecto, son interesantes las aportaciones de la doctrina chilena en torno al carácter no deliberante y obediente de sus Fuerzas Armadas, ya que se ha llegado a señalar que de las actas oficiales de la Comisión de estudios de la Constitución Política de 1980, se desprende que la obediencia debe entenderse en el sentido de una obediencia a la institucionalidad, esto es, una obediencia no política, mientras que la expresión “no deliberante” fue considerada inapropiada en la medida en que las Fuerzas Armadas tienen que deliberar en sus funciones, por lo que hubo quienes optaron por aclarar que el Ejército era no deliberante, salvo en el desempeño de sus funciones específicas.
  2. ¿Ejército obediente y no deliberante = Ejército autómata?
  3. Luego de exponer brevemente el estado de la cuestión, intentaremos dejar sentada una posición al respecto. Ciertamente, cualquier intento por determinar el contenido y alcance del carácter “no deliberante” del Ejército, pasa por recurrir a los criterios tradicionales de interpretación de las normas, de manera que en este ámbito conviene acudir esencialmente a la interpretación histórica, gramatical y teleológica, ya que esta metodología nos permitirá alcanzar conclusiones lo más ajustadas posibles al espíritu de la norma. En tal sentido, desde una perspectiva histórica, lo ideal sería partir de los debates parlamentarios surgidos durante la aprobación del marco regulador del Ejército nicaragüense; sin embargo, esta posibilidad está –de momento– fuera de nuestro alcance por varias razones, aunque –de cara a este ejercicio interpretativo– conviene tener en cuenta lo planteado por el legislador chileno en el sentido de que el Ejército está sujeto a una obediencia institucional –no política– y que sí tiene un carácter deliberante en el ámbito propio de sus funciones, lo que –a nuestro juicio–conecta directamente con las ideas que expondremos a continuación.
  4. Desde una perspectiva gramatical, a los efectos que aquí interesan, la expresión deliberar, en la primera acepción propuesta por la RAE, significa “considerar atenta y detenidamente el pro y el contra de los motivos de una decisión antes de adoptarla y la razón o sinrazón de los votos antes de emitirlos”. Y, en un sentido etimológico, la palabra deliberar proviene del latín deliberare, y este de de– y librare(“sopesar”), de libra(“balanza”); por tanto, implica pesar, sopesar, ponderar en los platillos de la balanza los argumentos a favor y en contra, ventajas e inconvenientes de algo.

Así, en principio podría admitirse que –en atención a su regulación– el Ejército no tiene como misión deliberar y discutir, probablemente sobre los grandes fines u objetivos, sino que debe limitarse a reflexionar, deliberar y discutir sobre los medios concretos para alcanzar los fines que tenga asignados bien por la ley y la Constitución, o bien por órdenes legítimas (no manifiestamente antijurídicas) del Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas. Siguiendo esta línea, consideramos que la misión institucional del Ejército no es desde luego deliberar o discutir, ni tampoco decidir o resolver sobre las grandes cuestiones políticas o de Estado, sino que su misión es ejecutiva: realizar o cumplir los cometidos que les asigna la Constitución y la ley, y las órdenes legítimas de los poderes o autoridades superiores competentes. Sólo en este sentido se puede comprender el carácter “no deliberante” de las Fuerzas Armadas que, sin embargo, puede reflexionar o deliberar sobre el modo más adecuado de ejecutar sus facultades o deberes en el caso concreto: cumplir su finalidad de preservar la defensa y seguridad nacional.

  1. Atendiendo a la interpretación sistemática y teleológica, esto es, a la unidad del ordenamiento jurídico y a la voluntad objetiva de la norma, también se puede llegar a defender que el carácter “no deliberante” del Ejército no implica –como se ha dicho– que no pueda tomar decisiones en torno a los medios a utilizar para el cumplimiento de sus funciones, y que su obediencia tampoco implica una absoluta sumisión a los designios del Presidente de la República, sobre todo cuando se está frente a órdenes ilícitas, como la orden expresa o tácita de no intervenir para desarticular a los grupos parapoliciales que ilícitamente han asumido las funciones de gendarmes de la democracia y en su nombre han cometido los más atroces atropellos contra el pueblo de Nicaragua.

De esta forma, hay que tener en cuenta que entre las funciones del Ejército nicaragüense recogidas en el art. 2 del Código de organización, jurisdicción y previsión social militar, destacan por su importancia: a) Coadyuvar en caso de suma necesidad, según lo determine el Presidente de la República en Consejo de Ministros, dentro de las responsabilidades que le señale la Ley, en el mantenimiento de la paz y el orden público de la nación (inc. 2.º) y b) Disponer de sus fuerzas y medios para combatir las amenazas a la seguridad y defensa nacional, y cualquier actividad ilícita que pongan en peligro la existencia del Estado nicaragüense, sus instituciones y los principios fundamentales de la nación (inc. 5.º).

Pues bien, a mi juicio, ambos preceptos son de aplicación al escenario planteado por la existencia de grupos parapoliciales, veamos: si bien el citado inciso 2.º del art. 2 Código militar condiciona la intervención del Ejército a la autorización del Presidente, lo cierto es que tal exigencia declina si el Jefe Supremo del Ejército no orienta la intervención de las Fuerzas Armadas cuando la paz y el orden público de la nación están seriamente comprometidos por la actuación –abiertamente ilícita– de grupos armados. Aquí estaríamos, como ya hemos apuntado, ante un supuesto de no deber de obediencia a órdenes ostensiblemente antijurídicas, lo que implica que el Ejército puede intervenir en el conflicto aun frente a la negativa del Presidente, por lo que su pasividad no estaría amparada por la eximente de obediencia debida recogida en el art. 34.11 CP. Pero incluso si no se admite la tesis antes planteada, el inciso 5.º del art. 2 Código militar deja abierta la posibilidad de que las Fuerzas Armadas intervengan –sin necesidad de autorización presidencial– en defensa de la seguridad nacional o para contrarrestar cualquier actividad ilícita contra las instituciones del Estado nicaragüense. En efecto, cuando el legislador ha querido supeditar la actuación militar a la autorización del Jefe Supremo del Ejército así lo ha hecho constar expresamente, cosa que no ocurre en el art. 2, 5.º Código militar.

  1. Como hemos podido comprobar, el carácter “no deliberante” del Ejército se enfrenta a serios problemas de interpretación, razón por la que el legislador dominicano ha optado por recurrir a la interpretación auténtica del término, de forma tal que ha señalado expresamente su significado en la ley, y así, indica que la expresión no deliberante “implica que el militar se mantiene ajeno al debate político y en virtud de ello, apegado al cumplimiento del ordenamiento constitucional vigente y que los órganos militares no toman decisiones políticas”. Esta solución legislativa tiene la ventaja de que el legislador plasma en la ley misma el auténtico sentido que quiere dar a un concepto y que, por tanto, tiene carácter vinculante. Como es evidente, la legislación dominicana ha venido a plasmar en la ley la tesis –defendida desde una interpretación doctrinal– que apuesta por identificar el carácter no deliberante del Ejército con la no intervención del mismo en temas políticos.
  1. De cualquier forma, lo cierto es que, tanto si se legisla en este u otro sentido, habrá que identificar cuándo estamos o no frente a asuntos meramente políticos que impiden la intervención del Ejército. En este sentido, conviene tener en cuenta el caso propuesto por el Sr. Cajina, quien en una entrevista hizo referencia –como ejemplo de la no intervención del Ejército en asuntos políticos– a la crisis de 1994/1995 en el marco de las reformas constitucionales, cuando varios políticos solicitaron apoyo a la comandancia general del Ejército que, por medio del General Joaquín Cuadra, denegó dicha colaboración por considerar que se trataba de un problema político en el que las Fuerzas Armadas no podían intervenir.
  1. A nuestro juicio, ese es un claro ejemplo del carácter “no deliberante” del Ejército, ya que el debate jurídico-político en torno a unas reformas constitucionales no está dentro de la esfera de actuación de las fuerzas militares, sino que es una cuestión que involucra a las organizaciones con representación política en la Asamblea Nacional. Sin embargo, la existencia de parapolicías, haciendo las veces de guardianes de la democracia, no es en absoluto un asunto de naturaleza eminentemente política, y así lo reconoce el propio Sr. Cajina, quien se refiere a este fenómeno como una situación límite, pese a lo cual sostiene –como hemos visto– que el Ejército no puede intervenir sin una orden presidencial que lo habilite, habida cuenta del carácter “obediente y no deliberante” de las Fuerzas Armadas. A mi entender, hemos podido demostrar con distintos argumentos de peso que en este escenario el Ejército puede y debe desarticular –en nombre de la paz y de la institucionalidad, con o sin la autorización del Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas– a las fuerzas parapoliciales que infunden el terror en la población, sin que esto suponga que el Ejército actúe de forma deliberante, en el sentido de involucrarse en asuntos políticos.
  1. Las tesis presidenciales sobre los grupos parapoliciales 
  1. Por último, dejando a un lado el tema que motiva este trabajo, considero necesario hacer una breve referencia a las distintas tesis asumidas por el Presidente Ortega en torno a la identidad de las fuerzas parapoliciales, no sin antes dejar constancia de la perplejidad que causa el hecho de que el Presidente de una Nación no prepare un discurso coherente, máxime cuando concede entrevistas a medios internacionales. En efecto, respecto de las hordas el Sr. Ortega ha dicho: a) que son fuerzas irregulares que pertenecen a los partidos políticos con representación en la Asamblea Nacional, b) que son fuerzas irregulares compuestas, presuntamente, por simpatizantes de ambos bandos, es decir que se trata de una suerte de riña mutuamente aceptada, c) que son fuerzas de autodefensa, compuestas por simpatizantes sandinistas que se defienden de los ataques terroristas y, por último, d) la laureada tesis de que se trata de policías voluntarios.
  2. La valoración que, a mi juicio, merecen las distintas tesis planteadas respecto de los grupos parapoliciales es la siguiente: a) Nadie ha podido demostrar que las hordas con capuchas y banderas rojinegras estén siendo financiadas por los grupos parlamentarios o por los Estados Unidos, sino que más bien parece tratarse del manido discurso antiimperialista del Presidente. b) Si en verdad se trata de enfrentamientos armados entre simpatizantes del gobierno y opositores, entonces la cuestión es simple: estaríamos frente a una riña mutuamente aceptada en la que no cabría la legítima defensa por parte de ninguno de los bandos, de manera que en dicho escenario la intervención de la Policía o, en su caso, del Ejército sería obligatoria, pero no para apoyar –como lo han venido haciendo– a los simpatizantes sandinistas, sino para defender el orden jurídico e institucional, lo que implica que debería someter a ambos grupos a la acción de la justicia. c) Tampoco es viable la tesis de que los encapuchados son grupos de autodefensa sandinistas que, motivos por la agresión ilegítima de terceros, se han visto obligados a armarse y defenderse. Si esto fuera así –cosa que a todas luces es improbable por la evidente desproporción de armas (tiradoras o morteros vs. armamento militar)– tampoco podría afirmarse la existencia de una legítima defensa completa por parte de los simpatizantes sandinistas, ya que teniendo en cuenta no sólo sus medios mucho más peligrosos y lesivos, sino además la continua presencia policial –incluso garantizando protección a los “grupos de autodefensa”– hay que negar la necesidad del medio concreto para repeler la supuesta agresión que proviene de unos jóvenes vandálicos. d) Por último, frente a la “ingeniosa” tesis de que los encapuchados son policías voluntarios hay que destacar dos aspectos:

d.1) Que las funciones de la policía voluntaria, recogidas en el art. 25 de la Ley nº 872, de la Policía Nacional, se limitan a la realización de tareas de apoyo en labores de prevención, tales como: vigilancia, patrullaje, regulación del tráfico o actuación frente a desastres naturales, aunque también puede intervenir de forma muy limitada frente a hechos delictivos: preservar el lugar, prestar ayuda a las víctimas o dar parte de las autoridades, pero en ningún caso la ley transfiere a la policía voluntaria las funciones propias de la policía profesional. Además, la ley exige que, para el cumplimiento de sus funciones, la policía voluntaria esté debidamente identificada con uniforme y distintivos propios, cosa que evidentemente no se cumple.

 

d.2) Que, para justificar las muertes, detenciones y lesiones causadas por la supuesta policía voluntaria, algún asesor presidencial –de esos que abundan pero que atinan poco o nada en sus formulaciones jurídicas– ha invocado el art. 26 de la Ley nº 872, en virtud del cual el Director General de la Policía puede dictar normas específicas relativas a la organización y funcionamiento de la policía voluntaria, por lo que –a juicio de tales asesores– existe la posibilidad de que el Director de la institución asigne mayores funciones, como las recogidas en el art. 7 Ley nº 872, a los policías voluntarios. Según esta tesis, por tanto, los policías voluntarios podrían, por ejemplo, por delegación: mantener o restablecer el orden público o la seguridad ciudadana, o prevenir y perseguir el crimen organizado y el terrorismo.

A mi juicio, la anterior interpretación no se ajusta a la finalidad objetiva de la norma respecto de la actuación de la policía voluntaria, sobre todo si tenemos en cuenta que las funciones de la policía profesional han sido plasmadas en una Ley debidamente aprobada por la Asamblea Nacional, de manera que –desde esta perspectiva– no parece posible que las mismas funciones de la policía profesional puedan ser transferidas, sin más, a la policía voluntaria por órdenes del Director General. Pero, incluso, aunque diéramos la razón a quienes defienden la tesis de la transferibilidad de funciones a la policía voluntaria, lo cierto es que el art. 25 Ley nº 872, establece que en su actuar están sujetos a los principios fundamentales de actuación de la institución, de manera que, si esto es así, el uso de la fuerza o de armas de fuego por parte de la policía voluntaria estaría sometida a los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad, lo que desde luego les impide recurrir al uso excesivo de la fuerza cuando se está frente a manifestaciones pacíficas.

  1. En conclusión 

Luego de este ejercicio interpretativo respecto del carácter “obediente y no deliberante” del Ejército de Nicaragua, como obstáculo para su intervención contra los grupos parapoliciales que en nombre de la democracia causas graves afectaciones a bienes jurídicos, conviene reiterar nuestras conclusiones:

  1. Que, por disposición legal, el Ejército debe obediencia al Presidente de la República como Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, pero que tal obediencia no se proyecta al cumplimiento de órdenes ostensiblemente antijurídicas, como la orden –expresa o tácita– de no intervenir en el conflicto “entre privados”, esto es, entre simpatizantes sandinistas y opositores. Por tanto, de la pasividad del Ejército podrían surgir responsabilidades, incluso penales, por no estar amparada su actuación –en este caso su omisión de cumplir sus deberes de garante último de la constitucionalidad y la seguridad nacional– en la eximente de obediencia debida (art. 34.11º CP).
  1. Que, en general, el carácter “no deliberante” del Ejército hace referencia a la imposibilidad de reflexionar o decidir sobre fines u objetivos políticos, lo que en ningún caso abarca la posibilidad de que intervenga ante cualquier problema íntimamente vinculado con la defensa y seguridad nacional. Dicho de otra forma: las Fuerzas Armadas pueden deliberar y discutir sobre temas de su competencia, y en la medida en que ello le permita cumplir con su cometido, esto es, preservar la defensa y la seguridad nacional, incluso contra la voluntad expresa del Presidente de la República. En consecuencia, es obligación del Ejército desarmar a las fuerzas parapoliciales sean o no opositores o grupos afines al Gobierno.

* Profesor de Derecho penal. Doctor en Derecho, Univ. de Alcalá, Madrid (España).

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