Esto fue lo que encontró el GIEI: Crímenes de Lesa Humanidad en Nicaragua

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El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIEI presentó en Estados Unidos su informe final en relación a los hechos de violaciones a los derechos humanos ocurridos en Nicaragua ente el 18 de abril y el 30 de mayo, los resultados son contundentes: Daniel Ortega y su administración, en especial la Policía cometió crímenes de lesa humanidad.

Pablo Parenti quien forma parte de los investigadores del GIEI afirmó que la ex directora general de la institución policial Aminta Granera, el actual director general Francisco Díaz y los subdirectores generales Ramón Avellán y Adolfo Noel Marenco, y todos los jefes policiales departamentales también son responsables de la represión estatal.

El informe contiene 463 páginas y “es un documento duro porque la situación de Nicaragua es dura”, dice Amérigo Incalcaterra, coordinador del equipo GIEI, quien junto a su equipo de trabajo tuvo que salir de Nicaragua luego que el gobierno de Ortega los expulsó repentinamente el 19 de diciembre, un día antes que el informe final fuera presentado en Nicaragua.

Detalles de la represión

Según Parenti, GIEI contabiliza 109 personas fallecidas entre el 18 de abril y el 30 de mayo, la causa: represión estatal, y asegura que “hubo manifestaciones totalmente pacíficas” que fueron reprimidas por grupos de choques con artefactos que van desde bates de baseball hasta armas de guerra, y que la policía protegía a los agresores, permitía las acciones agresivas e incluso actuaba junto a turbas de la Juventud Sandinista y grupos paraestatales a como los califica el grupo de expertos.

Estos grupos paraestatales eran personas que “se nota que tienen entrenamiento militar” explicó Parenti y aseguró que se debe estudiar a fondo la manera en que operaban estos grupos armados, con qué recursos y quiénes les daban órdenes.

Parenti también comentó que todo el aparato policial participó en la represión, desde agentes de tránsito hasta oficiales de operaciones especiales. Tanto los oficiales de policía como los grupos paraestatales utilizaron armas de alto calibre como AK47, Dragunov, M24, M79, PKM entre otras, y que todas son de uso exclusivo del Ejército de Nicaragua, señala el informe.

El GIEI asegura que no hay información sobre un supuesto Golpe de Estado y agrega que ninguna manifestación oficialista fue atacada. La violencia ejercida por manifestantes opositores responde a una reacción ante actos represivos por parte de fuerzas de choque y la Policía Nacional.

Justicia parcializada

“Lo que más nos sorprendió desde que llegamos al país fue la falta de independencia de la justicia y la fiscalía” alegó Claudia Paz y Paz, y manifestó que la Fiscal General Ana Julia Guido les dijo que todas las solicitudes que debía hacer el GIEI, tenían que ser a través de cancillería, institución que responde al Poder Ejecutivo y no al Poder Judicial.

A pesar de la poca colaboración que tuvo el Estado con el GIEI, los expertos tuvieron acceso a través de fuentes anónimas, a 7 expedientes de casos judicializados y otros 14 expedientes de personas criminalizadas. Por su parte, Parenti afirmó que las detenciones masivas obedecen a criminalización de la protesta, que las personas no fueron presentadas ante las autoridades judiciales y que el GIEI recibió denuncias de torturas y malos tratos.

De los 109 casos de muertes que documentó el GIEI, 100 casos no están documentados por el Poder Judicial y se encuentran en la impunidad, y de los 9 que sí tienen registro las autoridades, 6 responden a víctimas que tienen relación con el Estado, sin embargo, en ninguno de los casos se ha iniciado un proceso en contra de la policía a pesar de las evidencias de su responsabilidad, dijo Paz.

La experta concluye en que “el sistema de justicia ha actuado como una pieza más de violación de derechos humanos” por parte del Estado y que “la fiscalía no actuó de forma imparcial (…) y acusó a personas que podrían ser inocentes, algunas ya fueron condenadas”.

Sin institucionalidad

GIEI confirmó la falta de atención en hospitales a las personas que resultaron heridas durante las protestas según Parenti, y dijo que se debe investigar la actuación del sistema de salud debido a que las órdenes de no atender heridos pudieron haber llegado desde la Federación de Trabajadores de la Salud y del Ministerio de Salud. También afirmó que se despidieron a médicos por motivos políticos u atención a heridos durante las protestas.

Por su parte, Claudia Paz agregó que el Instituto de Medicina Legal solamente pudo entregar cuentas de 41 personas de 79 fallecidas hasta el 18 de mayo y solamente entregó 23 autopsias de esas 41 personas que tenía registradas. Paz también expresó que las autopsias no cumplían con los estándares internacionales.

GIEI también pudo documentar 11 casos en que familiares de víctimas mortales tuvieron que firmar un documento en que se comprometían a desistir de una investigación sobre la muerte de su pariente, a cambio del cuerpo del difunto.

Justicia internacional

A criterio de Pablo Parenti, la comunidad internacional puede tomar acciones para llevar al Estado de Nicaragua ante la Corte Penal Internacional CPI, aunque Nicaragua no sea firmante del Estatuto de Roma que es el documento constitutivo de la CPI. Parenti explica que hay dos maneras en que el gobierno de Nicaragua sea juzgado en la CPI. La primera es que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas envíe el caso a la CPI, y la segunda manera es que Estado de Nicaragua ratifique y firme el Estatuto de Roma.

Sin embargo, Claudia Paz y Paz aseguró que hay una tercera manera, y es que cualquier Estado firmante del Estatuto de Roma puede llevar el caso a la CPI porque las autoridades nicaragüenses han cometido crímenes de lesa humanidad por motivos políticos y que todos los Estados pueden tomar acciones.

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