Por Luis Galeano/Director Café con Voz
Diversas entidades del Estado continúan haciendo cobros por la agilización de trámites, aun cuando existe una ley de la República que prohíbe efectuar tales acciones, confirmó un trabajo periodístico de Café con Voz.
Indagaciones realizadas por el equipo de ésta radio revista en Managua, Rivas y León, sobre el proceso de tramitación de diversos servicios, dio como resultado que a pesar de que la Ley de Simplificación de Trámites y Servicios en la Administración de Datos, Ley 691, ordena cero cobro por hacer más ágiles y eficientes las gestiones, el “le cuesta tanto si lo quiere más rápido se sigue oyendo en los pasillos institucionales”.
El artículo 4 de esta ley relacionado con los Principios de obligatorio cumplimiento, señala que todos los órganos del Estado, a través de los servidores públicos, están obligados a observar una coordinación interinstitucional permanente; simplificación, transparencia y calidad en los trámites y servicios administrativos; desarrollo institucional progresivo, veracidad de la información e igualdad.
Pero el trabajo periodístico de Irlanda Cuadra, constató que en la Dirección General de Migración y Extranjería, Correos de Nicaragua, el Consejo Supremo Electoral y el Registro Público de la Propiedad Inmueble y Mercantil, los cobros están a la orden del día.
“Si lo quiere en trámite ordinario le sale en 30 días, pero si lo quiera rápido le sale en 10 días, tiene que pagar un porcentaje sobre el avalúo catastral de la propiedad si lo quiere rápido”, dice un funcionario del Registro Público a la pregunta de cómo se hace para que el trámite sea expedito.
“Ideay yo pagué 50 córdobas para que me tramitaran la cédula y supuestamente me la daban en ocho días, pero llevo tres meses esperando y nada, ah pero si pago los 300 córdobas ahí nomás me la dan, es una manera descarada de robarle al pueblo”, dijo un poblador cuando salía de las instalaciones del Poder Electoral sin su documento de identidad.
El especialista en Derecho Fiscal, Julio Francisco Báez, quien participó como invitado en la revista radial, dijo que el cobro además de ser ilegal, continúa violentando el derecho de igualdad entre los ciudadanos nicaragüenses que establece la Constitución en el artículo 27.
“Estos cobros alegres inconstitucionales, hacen una diferencia entre los ciudadanos de primera que son los que pueden pagar y los de octava, es decir la igualdad es relativa y depende de lo que podes pagar”, dijo Báez, quien instó a la ciudadanía a seguir denunciando esta violación de la ley en procura de que se respeten sus derechos.
Para Báez también es evidente que la burocracia cuando se trata de trámites en los que el Estado va a desembolsar dinero, no así cuando va a recibir, lo cual constituye otro trato discriminatorio y violación de la Constitución.
“Estuve haciendo el trámite de pensión por enfermedad por un año, hasta después me lo dieron en el INSS”, Orlando Jiménez habitante de Rivas, entrevistado por Brenda Jácamo de Radio Rumbos.
“Primera vez que vengo a sacar mi carnet para asegurado y me lo dieron rápido, es primera vez que lo hago”, dijo Nubia de los Ángeles. Para Baéz “los plazos son una burla, porque contrasta la velocidad cuando se trata de conveniencia recaudatoria de la señora que va a exponerse a la deducción de dinero por ser asegurada, no es por virtud, sino por interés, pero al jubilado que llega a pedir plata se la hacen larga”.
En León la directora de la Oficina de Registro Civil de las Personas, Cándida Rosa Hernández, justificó el cobro diferenciado en la entrega expedita de partidas de nacimiento, al afirmar que se trata de un arancel especial aprobado por el Concejo Municipal de esa localidad.
“Me parece inmoral que además de que les pagamos con nuestros impuestos a los funcionarios, se les pague aparte por ser eficientes, porque eso deberían de serlo siempre”, reaccionó una leonesa entrevistada por Leo Cárcamo de Radio Darío.
Báez dijo que aunque instancias como la Contraloría General de la República, no hacen su trabajo al recibir denuncias como la que interpuso en 2010 contra el cobro de 300 córdobas que hace el Consejo Supremo Electoral, por la tramitación del nuevo formato de cédula, invitó a los ciudadanos a no dejar de hacerlo y a no dejar de hacerles ver a los funcionarios que los pagos por trámites diferenciados es ilegal.
“Esa denuncia la puse en agosto de 2010 en busca de que se ordenara la suspensión del cobro de los 300 córdobas y sigo esperando una respuesta”, concluyó Báez.
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